Reformas en materia de Transparencia fortalecen a los órganos garantes de la República Mexicana.
La ampliación del periodo de los comisionados aplicaría a los
futuros integrantes de los órganos garantes.
El día de ayer por la noche,
y después de haber sido aprobada en el Senado el 20 de diciembre del
año pasado, los diputados miembros de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales; Transparencia y Anticorrupción; y la de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; aprobaron en lo general el Dictamen
de reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública,
aunque se reservaron 55 artículos para su discusión en lo particular.
Y es en este contexto en el que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) llevó a cabo la Mesa de análisis sobre dichas reformas, a fin de aclarar la postura de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) que remitió varias de las ideas plasmadas en el documento en cito y que contienen la visión propia de los órganos garantes del Derecho a Saber de la República Mexicana y que, sin duda, contribuyen a su fortalecimiento institucional.
Tema central de la Mesa de Análisis fue que dichas reformas contemplen la creación de una “Ley General de Transparencia” cuya naturaleza y su propia esencia deba ser la coordinación y no la subordinación a fin de generar coincidencias de los órganos garantes
Dicha norma jurídica debe incluir la homologación de criterios y plazos para que estos sean de igual aplicación a nivel nacional. Así mismo contempla un tema fundamental, el de la duración del periodo de los comisionados o consejeros ya que lo deseable, en base a estudios realizados con anterioridad, es que se prolongue hasta siete años su encargo sin lugar a reelección y que se cuente con la renovación escalonada. Dicho criterio coincide con lo manifestado por el Comisionado Presidente, Claudio Cirio Romero, y que aplicaría a los futuros integrantes de los órganos garantes. Por ende lo deseable, como se ha comentado, es que los congresos locales se adelantaran a estas reformas.
De homologarse los criterios y regularse por una ley general, los sueldos de
cada uno de los miembros de los órganos garantes deberán ser equiparados
de igual manera a las percepciones de un magistrado.
De no menor trascendencia será el hecho de que la reforma contempla a los sindicatos como sujetos obligados, y es justo mencionar que nuestro estado es de los pocos que a nivel nacional contempla ya a los partidos políticos y fideicomisos como sujetos obligados directos, ya que a estos se les obligaría a nivel nacional una vez aprobadas las reformas.
De tal forma, dichos planteamientos fueron derivados de las aportaciones de los miembros de los órganos garantes de la República Mexicana agrupados en la COMAIP, investigadores, académicos y sociedad civil, y emitidos en la Mesa de Análisis por Eugenio Monterrey Chepov, Presidente de la COMAIP y del INFOEM Estado de México; David Mondragón Centeno, Comisionado del INFODF Distrito Federal; Federico Guzmán Tamayo, del INFOEM y el Diputado Teodardo Muñoz Torres; la cual fue moderada por la Comisionada Mayra Romero Gaytán y en la que también intervino el Comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre.
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